Áurea Soto

La ex concejala de Urbanismo califica de “sorprendente” la resolución del juez de instrucción nº1 de Ourense contra el Gobierno municipal.

La ex concejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, ha hecho público un comunicado valorando la, a su juicio “sorprendente”, resolución del juez de instrucción número 1 de Ourense que le imputa a ella y al ex alcalde Francisco Rodríguez un posible delito de prevaricación en el caso de las asistencias técnicas.

Soto dice no compartir la resolución “por cuanto las cinco asistencias técnicas a que se refiere el auto fueron contratadas por el actual Gobierno municipal ajustándose estrictamente a la ley” y subraya que las cinco asistencias técnicas –cuatro de las cuales no correspondían a Urbanismo – “se realizaron en los mismos y exactos términos que las más de 20 contratadas por los anteriores gobiernos municipales del Partido Popular, sin que sobre estas se haya producido denuncia o investigación alguna”.

Recuerda la ex concejala socialista que el levantamiento de reparos a facturas “por el que se mantiene injustamente la imputación al anterior alcalde” es un mecanismo “legal, para abonar servicios que de no pagarse, se incurriría en enriquecimiento ilícito de la Administración”.

Denuncia de García Gago

Soto recuerda que este procedimiento judicial se inicio a instancias de una denuncia presentada por Javier García Gago, como representante de la CIG. De él dice que “ha conseguido seguir cobrando más de 60.000€ brutos al año como funcionario municipal, a los que le suma más de 6.000€ de la Universidad de Vigo, que desempeña en horario coincidente con el horario municipal, ya reducido por estar liberado para disponer de horas sindicales. Todo ello, privilegios gestados en sus años como Jefe de Servicio de Personal con los gobiernos del PP, durante los cuales la Oficina de Rehabilitación funcionó con más de 20 asistencias técnicas, de lo que era ‘perfectamente conocedor’”.

La política socialista critica que el magistrado califique de prevaricación las últimas cinco asistencias técnica pero no “todas las anteriores bajo el mandato del PP y de su Jefe de Servicio de Personal, denunciante en esta caso”.